William Jensen-Díaz

La crisis climática que estamos atravesando y el colapso ambiental al que peligrosamente se está acercando la humanidad ya son imposibles de ocultar. Este verano se han registrado temperaturas de más de 45°C en Canadá, mientras los incendios forestales alrededor del mundo se han intensificado.

Como es de sobra conocido, la causa fundamental de esta crisis son las emisiones de gases contaminantes. Pero ni todos los países emiten lo mismo, ni todas las personas padecen las mismas consecuencias inmediatas.

De acuerdo con Francisco Serratos, Estados Unidos es responsable del 40% de las emisiones históricas desde 1852, mientras que países de la Unión Europea del 29%. En contraste, Latinoamérica, África y el Medio Oriente son responsables de alrededor del 8%.

En contraste, el 82% de los costos de la crisis climática en el 2010 cayeron en el Sur Global (los países emergentes y en desarrollo). Es decir, la crisis climática profundiza las desigualdades y las injusticias globales.

El sector que más contribuye a la crisis climática es el energético. Se ha calculado en 2016 que alrededor del 73% de las emisiones globales provenían de este sector. Por ello, las soluciones a la crisis pasan por una transformación profunda del sector energético.

Lamentablemente, muchas de las soluciones para el sector energético que se han estado impulsando a nivel internacional reproducen los patrones de desigualdad. Por ejemplo, el impulso a soluciones basadas exclusivamente en el mercado ha provocado la instalación de macroproyectos de energía limpia al servicio de grandes consumidores, sin tomar en cuenta el desarrollo de las comunidades en donde se instalan.

Igualmente, los cambios abruptos—basados solamente en decisiones tecnológicas y no en toda su dimensión social— han provocado pérdidas de empleos y cargas fiscales adicionales a los países emergentes. Como muestra, el cierre de la minería de carbón en esos países podría dejar sin trabajo a miles de personas de la noche a la mañana.

Por lo anterior, la justicia climática debe de estar al centro de la toma de decisiones para combatir la crisis global que estamos atravesando. Justicia climática es, entre otras dimensiones, reconocer que las causas del cambio climático y sus efectos son diferenciadas entre distintos países. No se trata de omitir responsabilidades por el cuidado del planeta, si no de que esas responsabilidades sean asumidas de manera proporcional a los daños causados.

En pocas palabras, la justicia climática es que todos los países asuman responsabilidades, pero quienes contaminen más, paguen más. Un enfoque para alcanzar la justicia climática es la transición energética justa.

Bajo este enfoque, la transición energética se puede hacer de manera justa siempre y cuando se ponga al centro la reducción de las desigualdades, la sustentabilidad del cambio tecnológico, el cambio de patrones de consumo, el mejoramiento de las condiciones laborales, entre otros elementos.

De esta manera, la reducción de las desigualdades pasa por reconocer que existen personas cuyos ingresos dependen de su trabajo en industrias contaminantes (estatales o privadas) y que el cambio tecnológico las pondría en el desempleo.

Por otro lado, la sustentabilidad de las alternativas tiene que estar garantizada. De nada serviría cerrar una mina de carbón si a cambio se construye un parque eólico que impacte negativamente en los ecosistemas. La producción de las soluciones tecnológicas—por ejemplo, de paneles fotovoltaicos—tiene que hacerse sin emitir gases de efecto invernadero que profundicen la crisis climática.

Igualmente, los patrones de consumo de las grandes industrias tienen que cambiar para ser más eficientes y con impactos ambientales cercanos a cero y controlados. Las sociedades igualmente están obligadas a entrar en mecanismos de cero residuos y usar más eficientemente los recursos naturales.

Al crearse más empleos derivados de la transición energética, se debe de considerar que sean mejores en calidad, traducido en mejores salarios y prestaciones laborales. Para impulsar estos mejores empleos, el rol del Estado es fundamental para supervisar a las industrias y para dotar de mecanismos adecuados para la formación profesional y técnica de las personas.

Una transición energética justa no quiere decir que el Estado asuma el único rol como productor de energía. Son de sobra conocidos los desastres ambientales provocados por las actividades extractivas del Estado alrededor del mundo y en México. Basta ver el colapso ambiental de la cuenca del río Coatzacoalcos para darnos cuenta de ello.

El modelo extractivista (con actores públicos o privados al centro) está agotado. Conforme al Atlas de Justicia Ambiental, se tienen registrados en México 168 casos de conflictos ambientales derivados de grandes proyectos de infraestructura o extractivos. La oposición de comunidades y pueblos a los grandes proyectos es una realidad que hay que atender bajo un enfoque local y político.

En México puede avanzarse en soluciones con enfoque de transición justa. Existen muchas oportunidades a nivel local para aprovechar de manera eficiente los recursos renovables a nivel comunitario. La generación distribuida—como la instalación de paneles fotovoltaicos para satisfacer necesidades de comunidades—es una realidad.

De la misma manera, para sustituir a la gran industria de generación de energía convencional, están surgiendo nuevas tecnologías como la producción y uso del hidrógeno.  Es posible impulsar una reindustrialización a través de proyectos con más y mejores empleos, con ejercicio de derechos laborales y sindicales.

La solución a la crisis climática que enfrentamos no tiene una receta única. Así, solo a través del reconocimiento de las injusticias y de enfoques para eliminarlas podemos combatir y solucionar este desafío.

Publicado originalmente en Julio Astillero https://julioastillero.com/fuga-de-cerebros-la-transicion-justa-como-un-modelo-para-avanzar-en-la-justicia-climatica-autor-william-jensen-diaz/